con Catamarca.
Los lazos de Bin Laden y Al Qaeda llegan al noroeste argentino
09/05/2011 |
Antes de saltar a la fama por el atentado a las Torres Gemelas, Osama bin Laden pudo tejer su telaraña en la Argentina. La historia empieza en algún refugio en Pakistán y termina en Chilecito, La Rioja.
El protagonista es Miguel Solanís, un empresario tucumano que quedó pegado como una mosca a la seda del ex líder de Al Qaeda.
La acción transcurre a mediados de 2000, cuando un holding británico acusado de representar en las sombras al jefe terrorista se asoció con Solanís y con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar para explotar 19 minas de oro en Tucumán, ubicadas principalmente en la zona del Nevado del Aconquija, en el departamento Monteros.
Al menos, esa fue la excusa de la sociedad, bautizada como Consolidated Mining Corporation. Hoy se sabe que el negocio en la
Argentina había sido una pantalla de dos hombres señalados como testaferros de Bin Laden para comprarle armas a Al Kassar.
El empresario tucumano, de 70 años, reconoció siempre su conexión con Al Kassar, el multitraficante internacional que en 2009 fue sentenciado a treinta años de prisión en los Estados Unidos. El ex gobernador Antonio Domingo Bussi le había cedido a Solanís
derechos sobre yacimientos auríferos en los Valles Calchaquíes y necesitaba un inversor. Por gestiones del arquitecto Antonio Aguirre, uno de los “tres mosqueteros” de Carlos Menem, conoció a Al Kassar. Se reunió con él en abril de 2000.
“A mí no me importa que Al Kassar venda armas”, diría Solanís meses más tarde. Le extendió un poder notarial al sirio que lo facultaba a negociar con los yacimientos. El 12 de agosto, Al Kassar enganchó el siguiente eslabón.
Reunió en su mansión de Marbella al argentino con Jared Brook y Lincoln Fraser, caras visibles del holding británico Imperial Consolidated Group (ICG), con U$S 400 millones para invertir. Tras dos horas de charla, con la chance de Tucumán sobre la mesa, los ingleses se fueron satisfechos. En septiembre de 2000, Al Kassar e ICG constituyeron la sociedad con Solanís para explotar las minas.
El acuerdo duró poco. Al Kassar le reclamó a Brook y Fraser mayor
participación accionaria, pero se la negaron bajo el argumento de que ellos representaban “a una persona muy importante”. Fue entonces cuando se mencionó a Osama Bin Laden. En una investigación del diario español El Mundo, titulada “Bin Laden intenta comprar armas en España a través de Al Kassar”, un “ayudante sudamericano” del sirio confesó haber recibido de ICG “una lista de material bélico” con “un pedido destinado a mejorar el ejército de los talibán afganos”.
Bin Laden ya era blanco de Washington por la voladura de las
embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania y la pista de ICG fue seguida por el Cesid, el servicio de Inteligencia español. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción N°5 de Marbella, donde Al Kassar confesó que la versión de su colaborador era cierta. En marzo de 2002, la sospecha llevó a la Justicia española a disponer un embargo preventivo contra ICG. Pocos años más tarde, Fraser y Brook serían acusados de fraude y caerían en bancarrota.
La Justicia argentina no avanzó demasiado. La causa despertó el interés de la Comisión Especial Bicameral sobre lavado de dinero, encabezada por Elisa Carrió y Cristina Fernández, que en noviembre de 2001 se preguntó si había entrado dinero sucio a la Argentina. Pero nunca se comprobó si Solanís sabía de antemano
con quién había hecho negocios ni si había recibido fondos de ICG. PERFIL llamó tres veces al empresario a su celular, pero en todos los casos la línea se cortó del otro lado del teléfono.
“Solanís fue indagado y estuvo imputado. Pero después la causa quedó paralizada porque no había forma de recabar mayor información. No se avanzó más, el tema quedó cajoneado. Yo me fui de la fiscalía, pero estimo que fue sobreseído por prescripción”, admitió a este diario el ex fiscal Héctor Abraham Musi, el único funcionario judicial que le tomó declaración al tucumano. “Esto se manejó a nivel provincial, no hubo ninguna intervención de la Justicia nacional”, detalló.
La historia de Al Kassar termina en una cárcel de los Estados Unidos y la de Bin Laden, con un balazo. Solanís, en cambio, se refugió en la tranquilidad de Chilecito, donde aún hoy se dedica a la minería. “Todos sabemos que Solanís tuvo un pasado
vinculado a Al Qaeda”, dijo a PERFIL Marcela Crabbe, miembro de una asamblea vecinal de Chilecito que se opone a las mineras.
Cuando supo que Bin Laden había muerto, Solanís, seguramente, respiró el aire puro riojano.
El día que Al Qaeda pensó en Tucumán
Imperial Consolidated Group era un holding británico que operaba en once países, desde Nueva Zelanda hasta las islas Caimán. Tenía sede en un viejo cuartel de la Royal Air Force en Londres y su pool de 26 empresas contrataba a 400 empleados. Se
especializaba en préstamos de dinero a muy bajo interés y en inversiones off shore de alto riesgo.
Cuando sellaron el acuerdo para explotar el oro tucumano, la compañía le transfirió, en agosto de 2000, 4 millones de dólares a
Monser Al Kassar, le aseguró que vendrían pronto 8,5 millones más y le garantizó una inversión final de 400 millones.
Según admitió el propio Miguel Solanís, las acciones de la flamante Consolidated Mining Corporation quedaron repartidas en dos partes iguales, y al argentino le tocó el 11,5% de la mitad de Al Kassar.
Pero el sirio se enfrentó con los ingleses y su abogado presentó una querella criminal contra los ex socios por “haber alterado
maliciosamente el fin comercial de los acuerdos comerciales a los que habían llegado”, y porque “con posterioridad le terminaron insinuando a mi cliente operaciones ilícitas totalmente ajenas al sector minero”.
La guerra estaba declarada y el fantasma de Bin Laden ya sobrevolaba Tucumán.
Fuente: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0569/articulo.php?art=28768&ed=0569
www.catamarcaya.com.ar
Al menos, esa fue la excusa de la sociedad, bautizada como Consolidated Mining Corporation. Hoy se sabe que el negocio en la
Argentina había sido una pantalla de dos hombres señalados como testaferros de Bin Laden para comprarle armas a Al Kassar.
El empresario tucumano, de 70 años, reconoció siempre su conexión con Al Kassar, el multitraficante internacional que en 2009 fue sentenciado a treinta años de prisión en los Estados Unidos. El ex gobernador Antonio Domingo Bussi le había cedido a Solanís
derechos sobre yacimientos auríferos en los Valles Calchaquíes y necesitaba un inversor. Por gestiones del arquitecto Antonio Aguirre, uno de los “tres mosqueteros” de Carlos Menem, conoció a Al Kassar. Se reunió con él en abril de 2000.
“A mí no me importa que Al Kassar venda armas”, diría Solanís meses más tarde. Le extendió un poder notarial al sirio que lo facultaba a negociar con los yacimientos. El 12 de agosto, Al Kassar enganchó el siguiente eslabón.
Reunió en su mansión de Marbella al argentino con Jared Brook y Lincoln Fraser, caras visibles del holding británico Imperial Consolidated Group (ICG), con U$S 400 millones para invertir. Tras dos horas de charla, con la chance de Tucumán sobre la mesa, los ingleses se fueron satisfechos. En septiembre de 2000, Al Kassar e ICG constituyeron la sociedad con Solanís para explotar las minas.
El acuerdo duró poco. Al Kassar le reclamó a Brook y Fraser mayor
participación accionaria, pero se la negaron bajo el argumento de que ellos representaban “a una persona muy importante”. Fue entonces cuando se mencionó a Osama Bin Laden. En una investigación del diario español El Mundo, titulada “Bin Laden intenta comprar armas en España a través de Al Kassar”, un “ayudante sudamericano” del sirio confesó haber recibido de ICG “una lista de material bélico” con “un pedido destinado a mejorar el ejército de los talibán afganos”.
Bin Laden ya era blanco de Washington por la voladura de las
embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania y la pista de ICG fue seguida por el Cesid, el servicio de Inteligencia español. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción N°5 de Marbella, donde Al Kassar confesó que la versión de su colaborador era cierta. En marzo de 2002, la sospecha llevó a la Justicia española a disponer un embargo preventivo contra ICG. Pocos años más tarde, Fraser y Brook serían acusados de fraude y caerían en bancarrota.
La Justicia argentina no avanzó demasiado. La causa despertó el interés de la Comisión Especial Bicameral sobre lavado de dinero, encabezada por Elisa Carrió y Cristina Fernández, que en noviembre de 2001 se preguntó si había entrado dinero sucio a la Argentina. Pero nunca se comprobó si Solanís sabía de antemano
con quién había hecho negocios ni si había recibido fondos de ICG. PERFIL llamó tres veces al empresario a su celular, pero en todos los casos la línea se cortó del otro lado del teléfono.
“Solanís fue indagado y estuvo imputado. Pero después la causa quedó paralizada porque no había forma de recabar mayor información. No se avanzó más, el tema quedó cajoneado. Yo me fui de la fiscalía, pero estimo que fue sobreseído por prescripción”, admitió a este diario el ex fiscal Héctor Abraham Musi, el único funcionario judicial que le tomó declaración al tucumano. “Esto se manejó a nivel provincial, no hubo ninguna intervención de la Justicia nacional”, detalló.
La historia de Al Kassar termina en una cárcel de los Estados Unidos y la de Bin Laden, con un balazo. Solanís, en cambio, se refugió en la tranquilidad de Chilecito, donde aún hoy se dedica a la minería. “Todos sabemos que Solanís tuvo un pasado
vinculado a Al Qaeda”, dijo a PERFIL Marcela Crabbe, miembro de una asamblea vecinal de Chilecito que se opone a las mineras.
Cuando supo que Bin Laden había muerto, Solanís, seguramente, respiró el aire puro riojano.
El día que Al Qaeda pensó en Tucumán
Imperial Consolidated Group era un holding británico que operaba en once países, desde Nueva Zelanda hasta las islas Caimán. Tenía sede en un viejo cuartel de la Royal Air Force en Londres y su pool de 26 empresas contrataba a 400 empleados. Se
especializaba en préstamos de dinero a muy bajo interés y en inversiones off shore de alto riesgo.
Cuando sellaron el acuerdo para explotar el oro tucumano, la compañía le transfirió, en agosto de 2000, 4 millones de dólares a
Monser Al Kassar, le aseguró que vendrían pronto 8,5 millones más y le garantizó una inversión final de 400 millones.
Según admitió el propio Miguel Solanís, las acciones de la flamante Consolidated Mining Corporation quedaron repartidas en dos partes iguales, y al argentino le tocó el 11,5% de la mitad de Al Kassar.
Pero el sirio se enfrentó con los ingleses y su abogado presentó una querella criminal contra los ex socios por “haber alterado
maliciosamente el fin comercial de los acuerdos comerciales a los que habían llegado”, y porque “con posterioridad le terminaron insinuando a mi cliente operaciones ilícitas totalmente ajenas al sector minero”.
La guerra estaba declarada y el fantasma de Bin Laden ya sobrevolaba Tucumán.
Fuente: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0569/articulo.php?art=28768&ed=0569
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